Abogados Administrativos en Sant Cugat del Vallès

Las dos normas de referencia son la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que regula cómo actúan las administraciones frente a los ciudadanos, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que ordena su organización interna y el régimen de responsabilidad patrimonial. A ellas se suma la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para la fase judicial.

El silencio administrativo, regulado en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, opera de forma distinta según quién inicie el procedimiento. En los iniciados a solicitud del interesado el silencio es positivo con carácter general, con excepciones relevantes: procedimientos que transfieran facultades sobre el dominio público, los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y los de responsabilidad patrimonial. En los iniciados de oficio con efectos desfavorables, el transcurso del plazo produce la caducidad.

La caducidad del expediente sancionador es una de las defensas más eficaces en la práctica. El artículo 25.1.b establece que en los procedimientos de los que pudiera derivarse un efecto desfavorable, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución produce la caducidad. Al declararse, el expediente se archiva, y aunque la administración puede reiniciarlo si la infracción no ha prescrito, con frecuencia ya no está a tiempo.

En materia urbanística, Cataluña cuenta con normativa propia consolidada en el Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido de la Ley de Urbanismo, y su reglamento. Regula el régimen de licencias, la disciplina urbanística y los expedientes de restauración de la legalidad. Un aspecto clave es la distinción entre obras legalizables y no legalizables, que determina si cabe una salida negociada o si la orden de derribo es inevitable.

Por último, la ejecutividad de los actos administrativos, prevista en el artículo 98, implica que la administración puede ejecutar sus decisiones sin acudir a un juez. Frente a ello, la vía cautelar del artículo 130 de la Ley Jurisdiccional permite solicitar la suspensión cuando la ejecución haga perder al recurso su finalidad legítima, ponderando los intereses en conflicto. Solicitarla bien y con la prueba adecuada es a menudo tan importante como el fondo del recurso.